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miércoles, 9 de febrero de 2011

Condena penal a dos médicos por no valorar una radiografía

Un juzgado de lo Penal de Burgos ha condenado a un hematólogo y a un médico especialista en radiodiagnóstico por una falta de imprudencia profesional. El radiólogo no realizó el informe de la prueba en la que se veía el tumor que 20 meses después causo la muerte al paciente.
Las demandas judiciales por actos sanitarios que prosperan en la jurisdicción penal son escasas, pues esta vía sólo admite casos extraordinariamente graves. Por este motivo llama la atención la condena pronunciada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Burgos contra dos médicos por un retraso en el diagnóstico de cáncer y pérdida de oportunidad, con resultado de muerte. La sentencia afirma que los facultativos imputados cometieron una falta de imprudencia profesional con pena de multa de un mes y el pago de una cuota diaria de 12 euros.
Los hechos juzgados se remontan a finales de 2004 cuando el fallecido acudió al servicio de Urgencias de un hospital de Burgos por sufrir un cuadro de hematuria. En el centro le realizaron diferentes pruebas diagnósticas, para lo que estuvo ingresado unos días. Al darle de alta se le remitió al hematólogo para que determinara el origen del bajo número de plaquetas.
El especialista, uno de los dos condenados en el caso, prescribió la realización de más pruebas, entre las que estaba una radiografía de tórax, de la que la sentencia destaca que "no pidió que fuera informada por el radiólogo". La radiografía la realizaron dos técnicos especialistas en radiodiagnóstico, cuya responsabilidad es sólo valorar la calidad de la imagen.
En la realización de la prueba no intervino el radiólogo, "quien no llegó a informar, ni siquiera a ver la radiografía, que se remitió al hematólogo". El especialista, en lugar de solicitar la valoración de su colega, "la aceptó y consideró suficiente, a pesar de las indicaciones del paciente de la conveniencia de repetir la prueba si fuera necesario el informe de la radiografía", según la sentencia.
La condena del juzgado se fundamenta en que el médico especialista en radiodiagnóstico no realizó un informe en el que valorara la radiografía de tórax, por una parte, y en que el hematólogo no echara en falta esa valoración y diera por buena la prueba. Sobre el primero la sentencia afirma que "su actuación médica no cumplió las exigencias de cautela asistencial en la prevención del riesgo de error de diagnóstico".
En la prueba sin valorar "se observa la imagen de una masa tumoral en el pulmón derecho, apreciable a simple vista", según recoge la sentencia. Tanto es así que el hombre recibió el alta con el diagnóstico de púrpura trombocitopenica idiopática. Casi 18 meses después empezó a encontrarse peor y acudió a un médico general. El facultativo revisó la radiografía de tórax que le habían realizado y dejó constancia en el informe que "la primera posibilidad de diagnóstico era un carcinoma broncogénico". El enfermo empezó un tratamiento que fue interrumpido porque le advirtieron que "no tenía posibilidades de curación".


Pérdida de oportunidad
La conclusión del juzgado es que "la actuación de ambos acusados motivó un retraso en el diagnóstico de cáncer de 20 meses y 21 días, que causó el fallecimiento del paciente, lo que constituye un retraso muy significativo, clínicamente capaz de facilitar la progresión de la enfermedad neoplásica y difusión metastásica del tumor a otros órganos e igualmente de condicionar un retraso del tratamiento oncológico con limitación de las medidas terapéuticas posibles". Y añade que "el diagnóstico más precoz de la neoplasia en fechas inmediatas a la exploración radiológica, dadas sus características de focalización única y menor tamaño del tumor de pulmón con ausencia de síntomas de afectación sistemática, hubiera motivado un pronóstico clínico curativo".
Según afirma Santiago Díez Martínez, abogado de la familia del fallecido y colaborador de la asociación El Defensor del Paciente, "la condena penal ha sido precedida de un acuerdo de indemnización de 189.000 euros que la compañía aseguradora implicada ya ha abonado a los demandantes".

La vía penal, muy activa
El Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid condenó a dos psiquiatras y a dos residentes de esta especialidad de un hospital de Madrid por no sospechar del ictus neuronal que sufría una paciente que llegó al servicio de Urgencias y no realizarle las pruebas neurológicas. La demandante, una mujer de 36 años y embarazada, fue tratada como una enferma mental y se le impuso un amarre geriátrico. Los especialistas fueron condenados a un año de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación profesional, y las residentes a una multa por una falta de lesiones.

Ahora vuelco mi opinión: ¿Has conocido, querido compañero, algún caso en el que has hecho una prueba de imagen diagnóstica, que después algún Médico no la haya revisado, y tu detectaste previamente signos de lesiones? 
Desde hace no menos de un año, en las charlas o conferencias donde he participado, ya he 'dejado caer' la necesidad de que se incorpore el principio de la Valoración Diagnóstica a las competencias de los Técnicos Radiólogos: es el que obligaría al Profesional Tecnólogo a informar de la existencia de una señal de alarma para que el Médico tenga constancia. 
En los sistemas de digitalización y almacenamiento de imagen, este 'aviso' sería muy fácil implementarlo. 
Sin embargo, el objetivo es minimizar los riesgos del olvido en nuestros cargadísimos flujos de trabajo, con la incumbencia del Técnico Radiólogo. 
Pero claro, esta responsabilidad obliga a que el TR tenga una cualificación más alta que la que el sistema educativo establece a nuestra profesión... Y esto es un tema añadido que ya hemos citado anteriormente